Pero en Río Cuarto, EPEC, propietaria del terreno dónde está
la antena (y una de las partes que obtenía importantes beneficios gracias a la
instalación de la nueva torre) rescindió unilateralmente el convenio firmado
con ARSAT. Como esa decisión rompió el principio de buena fe
que deben guardar las partes que suscriben cualquier contrato, el Ministerio de
Planificación Federal inició una demanda por daños y perjuicios contra la
provincia (desconozco si solidariamente esa demanda ha sido incoada también
contra los funcionarios que firmaron la rescisión. En caso contrario, los
cordobeses no solo se verían privado de contar con la TDA sino que deberían
pagar millones de pesos por el erróneo accionar de sus funcionarios).
Lo concreto es que hoy la Nación está dispuesta a “levantar” la demanda contra la provincia, si esta deja sin efecto la rescisión unilateral del convenio. Recordemos que el Secretario de Ambiente ha dicho que con la sola presentación de los estudios reclamados él autorizará las emisiones de la TDA también en Río Cuarto. Claro está: si el contrato con EPEC está vigente y es eficaz.
En síntesis, un nuevo gesto del gobierno nacional que privilegia asegurar el derecho de todos y todas por sobre cualquier conflicto político con la provincia.
Lo concreto es que hoy la Nación está dispuesta a “levantar” la demanda contra la provincia, si esta deja sin efecto la rescisión unilateral del convenio. Recordemos que el Secretario de Ambiente ha dicho que con la sola presentación de los estudios reclamados él autorizará las emisiones de la TDA también en Río Cuarto. Claro está: si el contrato con EPEC está vigente y es eficaz.
En síntesis, un nuevo gesto del gobierno nacional que privilegia asegurar el derecho de todos y todas por sobre cualquier conflicto político con la provincia.
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