El
convenio, básicamente, establecía que la antena de TDA se instalaba en la
planta de EPEC y que en ella también se emplazarían todas las antenas que ya
están en el sector: las de la policía provincial, las de la propia EPEC y las
de la empresa CLARO, por ejemplo. Es decir, sólo un cínico puede alegar que no
sabía que la antena estaba siendo colocada "de prepo" en el lugar. Y
solo un tipo al que no le importa nada puede rescindir un contrato que implicó
una inversión para el Estado de 7 millones de pesos (amén de habilitar el
desarrollo de los planes de Conectar Igualdad, desarrollar las propias
comunicaciones provinciales en el sur de Córdoba y garantizar el derecho a la
información a cientos de miles de personas).
Pero volvamos al tema: como hoy
está en discusión cómo se resuelve aquel contrato (es obvio que la provincia no
quiere que la TDA permanezca en sus terrenos) no se pueden habilitar las
transmisiones. Por eso, le pedimos a Cynthia que intervenga: se está
conculcando un derecho, ni más ni menos. Y como contrapartida, asumimos el
compromiso de facilitar el acceso de los riocuartenses a la Defensoría para
presentar sus denuncias.
Es más: a ella el concejal Barotti y las
organizaciones que promovieron la recepción de firmas para reclamar por el
derecho le entregaron una copia de dichas planillas: la Defensoría del Pueblo
está legitimada para llevar adelante las acciones judiciales pertinentes para
reclamar por este derecho. Cynthia (frente al lógico escepticismo de muchos) se
comprometió a volver por estos pagos a responder personalmente por las acciones
que pueda llevar adelante.
Publicado Originalmente el 14 de Febrero de 2013
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