La afirmación de que se entregaron facturas apócrifas por 30
mil pesos es una confesión pública de la comisión de un delito. La falta de
oficio en la realización de una tarea encomendada por el Estado no puede nunca
actuar como excusa absolutoria si uno aceptó el mandato. Seguir confundiendo dinero
púbico con fondos privados es una barbaridad. Igual es pasado: por más que haya
quienes defienden esa barrabasada, hoy quedó patentizado que el Estado puede
organizar al menos de manera más transparente y comprometida un evento festivo
y que si se equivoca o hace las cosas bien puede asumir la responsabilidad que
le cabe sin echarle la culpa a terceros.
Es obvio que no estamos de acuerdo con que se reduzcan a dos días las
jornadas de los Carnavales de Río Cuarto. Pero eso, está claro, es una decisión
que política, administrativa y económicamente compromete a la gestión del
Ejecutivo. Lo mismo sucede si no se cumplen los objetivos vinculados con el fin
social de estas noches.
Penúltima aclaración: la nueva ordenanza que rige los carnavales fue
aprobada por unanimidad y, también debe quedar claro, la llamada "comisión
de seguimiento" está compuesta por mayoría de representantes del
oficialismo. No hay forma de que la palabra de una componente de nuestro bloque
tenga tanta ascendencia como se pretende, menos en el ámbito de los medios.
Agrego: pude observar como a una integrante por la mayoría sufrió una crisis de
nervios por el maltrato ideológico que le dispensaron no solo los que hoy
aparecen en escena. También alguno que operó desde las sombras.
Y, por último, reivindico a la gente de la Secretaría del Menor y la
Familia por haber fijado algunos criterios sobre las vestimentas de las nenas.
Podemos tener diferencias en el tratamiento de otros temas, pero en esto
estuvieron muy bien. No se puede dejar que los Luis Ventura locales se
encarguen de esa tarea.
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