La Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual fue, es y –lo importante- seguirá siendo constitucional. Ya está.
La tarea fácil, que demoró 25 años desde el primer intento parlamentario, está
cumplida. Fue,
al fin de cuentas, una lucha política, legislativa y judicial. No sólo “Clarín”,
“La Nación”, LV3, y Vila-Manzano, entre otros, nos tiraron a matar.
También desde la política soportamos a las “Lilita”, las “Silvina Giúdice” (radical-Pro), lavayaunoasaberpordóndeandabaenesemomento Patricia Bullrich, y muchos etcéteras. En Córdoba estuvieron Juez y la Morandini (uno de los casos más perversos de mutación ideológica posmenemismo), sin olvidar a algunos políticos y medios locales que en función de sus intereses (también dominantes) pusieron trabas al proyecto. Demás está decir que la justicia no dejo de aportar lo suyo. La jueza Pura del Corral en Mendoza, quien en su momento paralizó la vigencia de toda la ley de medios con argumentos absurdos. Y los integrantes de la Cámara Federal de Capital (que aceptaban prebendas de fundaciones manejadas por Clarín para viajar por el mundo para asistir a congresos sobre libertad de expresión), son el mejor ejemplo de la presencia del poder multimediatico en las resoluciones Contra-Ley. En este punto hagamos un reconocimiento al “Pato” Maqueda: en vez de limitarse a cumplir las órdenes de quien lo puso en la Corte en 2002, tuvo la dignidad de avalar, aunque sea parcialmente, lo sustancial del fallo.
Ahora empieza el proceso clarinísticamente denominado “desinversión”
(tasación, selección de los activos, llamado a concurso, nueva adjudicación y
entrega al nuevo licenciatario). Es decir, llegó el momento de entender que
ahora son las entidades libres del pueblo las que deben extremar las medidas
para ocupar los espacios que les corresponden. Cooperativas, sindicatos y
organizaciones de bien público, deben aunar esfuerzos porque nadie les regalará
nada. No es posible imaginar que cada uno tenga su propia FM. El espectro es
limitado y las demandas no.
La asociatividad para competir de igual a igual con los iguales tampoco
es tarea del Estado. Él ya hizo lo imprescindible: brindar las herramientas; desde
las universidades generó primero el ámbito neutral para el debate y luego las
condiciones para que germinen nuevas productoras. En tal sentido, rescatemos la
titánica lucha de los rectores de las universidades nacionales de la provincia
de Córdoba en ese momento, de la Facultad de Periodismo de La Plata, de los
cumpas de la UBA con el ahora decano Glen Postolsky y Damian Loretti a la
cabeza, de todos los demás rectores del proyecto nacional y popular, de la que
dimos con los compañeros de ARUNA, y también aquí muchísimos etcéteras.
Pero, reitero lo que la ley manda: el Estado no debe reemplazar en la
tarea comunicacional a las organizaciones privadas sin fines de lucro. Sería,
al margen de un contrasentido, una muestra de miserabilidad de parte de la
dirigencia y una muestra de absoluta incapacidad de las organizaciones. El Estado debe ahora simplemente favorecer las
inversiones: créditos blandos, subsidios para la puesta en marcha de proyectos
sustentables, control del cumplimiento de las normas técnicas, ni hablar de la
necesidad de proteger la legalidad de las relaciones laborales, etc., etc.
Es el momento de celebrar, sí. Pero sin perder de vista aquellos criterios
fundacionales del movimiento social que derivó en esta Ley de Medios. Sin
olvidar a quienes apostaron su vida, su trabajo, sus puestos y hasta sus sueños
por esta ley. Y tampoco borrar de la
memoria, sin rencor, a quienes –incluso entre los que hoy festejan- nos
quitaron micrófonos, nos apagaron cámaras, pretendieron mancillar nuestros
nombres e intentaron cerrarnos los caminos hacia un laburo digno por ser,
simplemente, militantes de la vida.
Y, todo eso sin dejar de comprometernos con la inmediata habilitación de la antena de TDA en Río Cuarto (y que los funcionarios de EPEC y Ambiente que la cerraron paguen con sus bienes el daño causado), el reconocimiento formal a Canal 4 y Canal 9, el reconocimiento de la Cooperativa de Radio Libre, la llegada de la carrera de Locución a la Universidad pública, y el permiso a transmitir para todos los que luchan desde hace años por adecuarse técnica, laboral y profesionalmente a la ley.
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