El carnaval ya tiene su
nueva ordenanza. Preserva el rol del Estado como su principal responsable, a
través de la Fundación por la Cultura. Ratifica el propósito de que los
“Carnavales de Río Cuarto” sean una fiesta popular que promueva la integración de los distintos sectores sociales. Permite la participación
del sector privado, aunque no en tareas resolutivas ni vinculadas a las
decisiones políticas que deben inspirar un evento público organizado por el
Municipio.
Si, como dice el “Indio” Solari, “todo preso es político”, también toda
decisión vinculada con un espectáculo promovido por el Estado claramente
también lo es. Si mañana hay algo que criticar o elogiar, la contratación de
alguien o la suerte de los corsos, criticaremos o aplaudiremos al Municipio, no
al dueño de una comparsa, dicho esto con tanto respeto como realismo.
No sé ni me interesa si la ordenanza resuelve un problema interno de la
alianza gobernante: lo sucedido en la última edición es vergonzante y así lo
entendieron todos. Ojalá a la Fundación el evento le salga bien: será la mejor
manera de que se consolide en el tiempo y se valore el rol del Estado.
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