A propósito de la judicialización del problema de los efluentes cloacales

Ante la judicialización del conflicto entre provincia y municipio por el tema de los efluentes cloacales, creo conveniente fijar mi posición personal al respecto (aunque, en este caso, indisolublemente unida a mi carácter de representante del bloque Unión por Córdoba-Frente para la Victoria en el COPRESERC y vicepresidente de este organismo)

1. No comparto el traslado a los Tribunales del debate político, salvo en casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos o cuando se hayan cerrado todas las puertas posibles hacia una solución negociada (ejemplo: el conflicto entre provincia y Nación por la Caja de Jubilaciones o el suscitado por el cobro de la tasa vial)

2. En el seno del COPRESERC no se analizó la posibilidad de ir ante la justicia para denunciar a funcionario provincial alguno. El único momento en que se planteó en el COPRESERC la posibilidad de solicitar la intervención judicial fue cuando el Ejecutivo provincial (tras romper los convenios suscriptos por la anterior administración con nuestro organismo) negó cualquier participación del COPRESERC en temas vinculados a la problemática del río. A nuestro juicio, la postura de la provincia se oponía a todas las normas (incluso las impulsadas y aprobadas por la actual gestión) que otorgan participación (nadie habla de jurisdicción) en la problemática ambiental a las entidades públicas y privadas reconocidas legalmente.

Este debate (tras dos años perdidos en pedidos de audiencias y contestaciones negativas por vía mediática) finalizó cuando a mediados de 2014 el COPRESERC fue recibido por el Director de Recursos Hídricos de la Provincia. Desde ese momento y hasta cuando se sucedieron las reuniones con el citado funcionario, el tema de la falta de tratamiento de los residuos cloacales de la ciudad de Río Cuarto siempre mereció la atención de las partes. En todo momento quedó claro que el COPRESERC como tal y la mayoría de sus integrantes reconocimos que ese era un problema ambiental grave. Como en todo órgano multisectorial, es cierto que hubo miembros de nuestra entidad que se expresaron particularmente preocupados por otras cuestiones que también involucran al río, tales como la contaminación generada por las nuevas formas de producción agrícola, la extracción de áridos, la mutabilidad de los meandros, la situación de algunos sectores a la vera del lecho (por ejemplo, Argentalia y Riverside), etc., etc. Pero la preocupación del COPRESERC sobre la necesidad de reducir el impacto que genera el vertido de los efluentes cloacales estuvo siempre presente, incluso en reuniones con otros organismos como, por solo citar un ejemplo, los Amigos del Río o, en mi caso particular, con los diputados nacionales Nora Bedano y Martín Gill o con el Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Edgar Castelló.

3. Por lo señalado, no comparto que las distintas administraciones estatales recurran a la justicia para dilucidar quien es el principal responsable de la falta de solución a un tema que, claramente, requiere atención urgente y compromiso de trabajo conjunto de todos los niveles. Si bien queda claro que los residuos cloacales los genera la ciudad, cierto es que ya desde 1975 parte de ellos se arrojan al río. También es irrefutable que la provincia trasladó sin mayores preámbulos y ningún recurso el problema a la ciudad en 1991 y que el municipio no puso ningún reparo en ese momento. En otras palabras, nadie puede sentirse ajeno a la problemática ni descomprometerse con su solución.

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