Dicen, no dicen, dicen lo que no dicen...

Desde siempre, hemos caracterizado al Ejecutivo municipal como uno de los más extraordinarios fabricantes de humo de la República Argentina. Durante la campaña anterior hemos dicho que cualquier agencia de publicidad envidiaría el número y la calidad de los integrantes de la oficina de prensa y propaganda del Estado municipal. Lo dijimos entonces y lo ratificamos ahora: se gasta más en decir que se hace que en efectivamente llevar adelante las obras que se anuncian. La historia de "las 400 cuadras pavimentadas”, los porcentajes de vecinos alcanzados por las obras de agua corriente y cloacas, los planes “sociales” municipales y (fundamentalmente) las cuentas reales del municipio fueron mágicamente transformados ante la opinión pública por los Mandrake de la propaganda. En su momento, hasta los alineamientos políticos de la alianza gobernante fueron disimulados. Se pasó de ser un gobierno respaldado por “kirchneristas que votan a Jure” a ser objeto de los más melosos elogios que el gobernador prodigara a dirigente alguno en sus múltiples intervenciones mediáticas en las propiedades de Magnetto y compañía.

Pero en las últimas semanas  (lejos de la lógica electoral que exacerbó la mentira y lejos de las urgencias que llevan a buscar el amparo del peor enemigo para sobrevivir) el oficialismo ha comenzado a profundizar una nueva estrategia comunicacional que se basa, esencialmente, en negar la validez y la vigencia de aquello que está escrito en la norma. En otras palabras, ahora se dice que las ordenanzas y resoluciones dicen lo que no dicen o que, en realidad, pueden ser ignoradas si dicen algo que no le conviene al DEM. Veamos algunos  ejemplos:

- Pirotecnia: el oficialismo defendió en el Concejo una Ordenanza fantasma;  aseguró  que con el nuevo dispositivo se iban a reducir las bombas de estruendo y los heridos graves por el uso de pirotecnia clandestina. Sin embargo, lo que aprobó es que cualquier riocuartense pueda arrojar un  explosivo adquirido en cualquier punto del país o por Internet sin que nadie le pueda llamar ni siquiera la atención por el ruido que genera.   Es más, en la práctica, el oficialismo renunció al poder de policía que le permitía controlar la comercialización de productos de venta libre en la  ciudad.  Al prohibir la comercialización pero no el uso, cualquiera podrá comprar productos prohibidos en otro punto del país y hacerlos estallar en las narices de los concejales oficialistas.

Como no necesariamente las poblaciones vecinas tienen la capacidad de control que se presume había adquirido sobre el particular Defensa Civil, la Ordenanza aprobada es el mejor ejemplo de cómo se pueden conseguir (con un mal dispositivo) los efectos contrarios a los que se buscaban.  Encima se utilizaron argumentos falsos para defender lo indefendible. Ni la Sociedad de  Pediatría, ni Defensa Civil, ni los “cinco mil riocuartenses que apoyaron el proyecto” fueron anoticiados del contenido real de lo que finalmente se aprobó.  La gran mayoría acordaba con prohibir EL USO, mucho más que  LA COMERCIALIZACIÓN, aunque se presuponga que ésta incluye a aquel. Algunos dicen que ni siquiera el intendente conocía el dispositivo y que él hubiera preferido no quedar tan expuesto en un tema donde se venían haciendo bien las cosas.

También resulta inimaginable que los municipios de Holmberg y Las Higueras hagan seguidismo de Río Cuarto. Pensar, presuponer eso, es desconocer que Negro y Escudero son intendentes que SIEMPRE han reivindicado la autonomía de sus comunas. En síntesis, una Ordenanza que, de no ser vetada ahora  ni derogada en el futuro,  a la corta o a la larga demostrará su ineficacia.

- Bailar en el centro: Hace casi un lustro se aprobó una Ordenanza que prohibía a los bares ubicados en el microcentro de la ciudad habilitar pistas de baile. Para evitar perjuicios a los propietarios de los boliches, se les dio un plazo de un año para ajustarse a la normativa.  Vencido ese término, la Municipalidad “se olvidó” de efectuar los controles necesarios.  Surgió así una moda urbana que ha ido transformando la noche de la ciudad. Los más pibes salen a bailar en “el centro”. Un/a funcionario/a (muy interesado/a él/ella en el tema) consideró que este era el momento (ahora que a su negocio particular no le va tan bien) de hacer cumplir la Ordenanza. Pero la noche riocuartense ya no es la misma. ¿Quién paga los platos rotos tras cuatro años en los cuales nadie advirtió que la Ordenanza no se cumplía? Obvio: todos nosotros.

- Transporte y discapacitados: la norma rige desde hace mucho tiempo. En su momento, la propia empresa  hizo autobombo por haber instalado en algunos de sus colectivos las rampas para discapacitados. El compromiso, dispuesto por Ordenanza municipal, era que al menos cada línea tuviera un colectivo que facilitara el acceso a quienes tienen algún tipo de dificultad motora. Pero los compromisos que han ido asumiendo el PAMI y el ANSES con sus afiliados permitieron  que muchos de ellos accedieran a otros medios de transporte. Las rampas, entonces, se transformaron en objetos en cierta manera incómodos para los colectiveros. El resultado: hoy están fuera de uso en los pocos colectivos que llegaron a portarlas. Usted preguntará si la Ordenanza sigue vigente: Pues, sí. La respuesta es positiva. Sigue vigente pero la Secretaría respectiva no controla su cumplimiento simplemente porque “no es necesario”.  Preguntarán si ya hay un proyecto que derogue la norma. Demás está decir que la respuesta en este caso es negativa. Es decir, hay una ordenanza que nadie cumple, que todos saben que nadie cumple y que nadie se molesta en derogar. Un síntoma de la época.

- Café Pendiente: el Concejo Deliberante dijo “ver con agrado” la iniciativa de algunos bares de traer a Río Cuarto esta experiencia, propia de grandes urbes de Europa y ya implementada en Buenos Aires (con relativo éxito, por cierto). Se trata de un proyecto  supuestamente solidario, aunque con ese adjetivo prefiero calificar la reciente idea  de la profesora Gabriela Muller de compartir un momento alrededor de  la Plaza y, más aún, el chocolate que con su pequeño vehículo de entonces el profesor Pablo Salinas llevaba a varios hogares del barrio Oncativo  a las 10 de las noche de los meses más fríos del año.  Nadie se enteraba. No era el objetivo, como si lo es el del Café Pendiente, una  jugada de marketing  que, insólitamente, estuvo a un paso de contar con el apoyo formal de Promoción Social de la Comuna. Finalmente,  queda dicho, se expresó sólo “el agrado” por la idea. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual los concejales del oficialismo discuten si está bien o mal implementado y si se ajusta o no a la “normativa” internacional?   A lo sumo podrían decir que la práctica local no se ajusta a lo anunciado. Y punto. ¿O vamos a cuestionar también a la Iglesia Católica porque anuncia pomposamente que el objetivo de la colecta de Cáritas es “la pobreza cero” cuando lo que se aspira a recaudar no alcanza al uno por mil de lo que ya destina con ese fin el gobierno nacional?

- ¿Y Boston?:  Se está haciendo una mala costumbre en el Concejo Deliberante solicitarle a la provincia y a la Nación que hagan obras en las dependencias de esos Estados en Río Cuarto. En realidad, el cuerpo debería (frente a una demanda recogida en esos ámbitos) solicitar a la Secretaría Municipal correspondiente que realice las gestiones que estime adecuadas.  De lo contrario, la jugada es tan fácil y oportunista como inútil.  Es más, bordea el ridículo: mientras la ciudad discutía el porqué de la demora de la ejecución de una obra pública en una escuela (a la que si se llegó para –al menos- dar una palabra de aliento el intendente…… de Las Acequias!!!!!!!)  el bloque oficialista pedía la construcción de un SUM en el Julián Aguirre.  Aclaración casi innecesaria: seguramente el Julián Aguirre merece ese SUM y mucho más por su tarea educacional, en especial, la de los últimos años. Pero el Concejo no es la vía adecuada para el reclamo. Es más, los concejales que “se preocupan”  por la suerte de ese establecimiento, son los mismos que me negaron la posibilidad de tener un informe oficial de lo sucedido en el Dispensario número 3 donde se cayó un cielorraso sobre una camilla de pediatría. El dispensario hace meses está cerrado y puede que la obra de reparación se extienda un  tiempo más.  Por eso, zapatero a tus zapatos.

- Escombrera: muy suelto de cuerpo, un  funcionario municipal comentó que la escombrera de Banda Norte es la única que está “funcionando” porque la ubicada en Barrio Alberdi fue clausurada por la Provincia hace un año. Lo que no dijo es que la clausura se habría producido porque faltaba un estudio de impacto ambiental y que el mismo aún no se ha realizado. Mientras, la escombrera está volviendo a ser un basural a cielo abierto y buena parte de los elementos que recibía están siendo ahora derivados al enterramiento sanitario.  Al margen de que algunos funcionarios de Ambiente de la provincia siguen pensando que las medidas “preventivas”, siempre y cuando le caguen la vida a los más débiles, deben ser aplicadas a rajatabla, resulta absurdo que la escombrera no sea rehabilitada por el Municipio simplemente porque no se hace lo que se debe hacer.

- Teléfono!!! Telefónicas: la denuncia de un grupo  de vecinos de la calle Gobernador Guzmán sobre las presuntos problemas de salud que una antena de telefonía celular estaría ocasionando en el lugar, llevó al Municipio a detectar que la mayoría de esas antenas no están autorizadas o tienen la autorización vencida. El dato no es menor, teniendo en cuenta lo dispuesto por el gobierno nacional esta misma semana. Son las consecuencias de los años del Menemato y de De la Rúa que aún no han sido revisadas.   En realidad, por su contaminación visual (la otra no está probada científicamente), se tienen que ir del micro y el macrocentro de la ciudad. Les guste o no. Recuerdo a una joven abogada,  María Belen Aliciardi,  luchando contra esas mismas antenas en Villa General Belgrano. Aunque creo que ahora vive en Buenos Aires, entiendo que sigue  ligada muy fuertemente a Río Cuarto. Ojalá el municipio la convoque para darnos una mano porque el tema no da para más.

- Cascos y EDECOM: hagamos lo posible para ser políticamente antipáticos y odiosos. Asumimos el costo de incrementar considerablemente el precio de las multas por viajar en moto sin el casco correspondiente.  La pena es de 2300 pesos por persona. Es decir, una pequeña fortuna para la mayoría.  El resultado no es malo: las estadísticas de accidentes mortales de motociclistas se han reducido y -estimamos- un 50% de ellos usan hoy el vital protector. No ha sido fácil sostener ante los infractores la sanción. ¿Por qué? Simplemente, porque la aplicación de la norma no es pareja para todos.  Hace unos días me visitó una joven que había sido multada por circular sin casco. No se quejaba ni del poder de policía ejercido por el EDECOM ni por el monto de la multa (que, demás está decirlo, le costó muchísimo pagar). Lamentaba el trato recibido de parte de quienes fueron los receptores de sus rezongos. Tras juntar peso por peso para pagar la multa, fue hasta el EDECOM y se encontró con que el sistema no funcionaba un día o que ya era muy tarde para retirar la moto al siguiente. Encima protestó porque todos los fines de semana la bandita (agigantada por la inacción estadual) que circula en patota sin cascos, pasando todos los semáforos en rojo, y haciendo picadas en pleno centro jamás recibe una sanción adecuada. Me respondieron que "nada se puede hacer con ellos porque son muchos". Un absurdo. Máxime, si se tiene en cuenta de quien vino esa frase, no precisamente el último empleado de Tránsito.  Otra vez, una norma que se cumple a medias y que deja bajo un paraguas el caso que más preocupa a la ciudadanía.

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