Domingo: Se conocen las listas de candidatos a
diputados nacionales. Mi única sorpresa es ver a Martín Gill en el segundo
lugar de la nómina de candidatos a diputados por el FPV. No me desagrada. Todo
lo contrario. Martín fue presidente del Concejo Deliberante de Villa María e
intendente interino siendo muy joven. Pero luego se lo vinculó casi
exclusivamente con el ámbito universitario. De hecho, es el actual Secretario
de Políticas Universitarias de la Nación y rector en uso de licencia de la
UNVM. El FPV parece perfilar su lista hacia un sector social
relativamente pequeño. La presencia de los intendentes diluye ese concepto,
aunque habrá que trabajar muy bien para no segmentar el electorado de manera
tal que al Movimiento Nacional y Popular en Córdoba le quede solo una franja
socioeconómica que, a decir verdad, es minoritaria dentro de las que se vieron
beneficiadas por las políticas nacionales en la “década ganada”. Igual,
la lista aporta un ingrediente interesante: de las que tienen chances de
llegar, es la única que está encabezada por gente que nunca estuvo en el Congreso
de la Nación y que, además, no tiene denuncias por corrupción
en su contra. Un dato para tener en cuenta.
Lunes: Jure veta la ordenanza que prohibía la venta de
pirotecnia en toda la ciudad. Una buena para el intendente. No se dejó
engatusar por quienes hablaban de la norma como si ésta prohibiera el uso de
bombas de estruendo en la ciudad. Nada más alejado de la realidad. La ordenanza
vetada propiciaba el uso de pirotecnia no autorizada y ponía en ridículo a
cualquier control municipal. Las ninguneadas intendencias de Las Higueras y
Holmberg ya habían decidido no propiciar normas similares. El proyecto, incluso
en esta marco, deja tres enseñanzas: 1) en cualquier tema vinculado a
Planificación, debemos pensar en el Gran Río Cuarto. Las Higueras (en menos de
cinco años) será ya ciudad. Si no aprendemos a trabajar en conjunto como
proponen (entre otros) Gustavo Busso y Chicho Carniglia, vamos a terminar
generando un festival de vetos a ordenanzas como esta. 2) Aunque varios se
están poniendo el traje, los concejales no somos legisladores nacionales ni
provinciales. Es decir, no podemos aprobar normas que vayan en contra de las
legislaciones superiores. 3) No es saludable que se trabaje para la “tribuna”.
No se puede mentir tanto. Las ordenanzas deben traducir en su resolutivo lo que
proponen sus fundamentos. Aquí se proponía evitar el uso de pirotecnia y solo
se prohibía la comercialización reglamentada por el municipio. Una barbaridad.
Esto se tradujo en el “masivo apoyo” a la iniciativa: muchos creyeron que
acompañaban una norma que decía una cosa, cuando en realidad decía otra. Ahora,
estamos trabajando para proponer una nueva que LÍMITE el uso de determinada
pirotecnia y que SEA FACTIBLE que se cumpla. La semana
próxima calculo que tendremos el proyecto listo para ponerlo en consideración
pública.
Martes: Asume el nuevo Defensor del Pueblo; Guillermo De
Rivas propone tres nuevos caminos para la Defensoría que bien vale resaltar: A)
consolidar el personal actual y no ampliar el número de cargos políticos en el
seno de la Institución. Cuando uno ve lo que cobran algunos profesionales que
trabajan en ella, no puede menos que compartir el criterio. B)
Controlar el cumplimiento de los servicios públicos municipales y de los
compromisos públicos asumidos frente a quienes aspiran a ser beneficiarios del
plan de viviendas de Jure. En realidad, un compromiso ineludible si se observa
que el objetivo de las mil viviendas depende inicialmente de que el municipio
cumpla con las promesas efectuadas de llevar los servicios hasta sectores como
Castelli 1 y Castelli 2. Al mismo tiempo, un riesgo para el
Defensor, quien no debe quedar expuesto al debate partidario sobre
estos temas. C) Buscar alternativas para que la gente conozca sus derechos. En
algún momento se hizo: es tiempo de recuperar aquel impulso. En lo personal,
reconozco que la presencia de Guillermo en la Defensoría me genera esperanza,
en particular porque está dispuesto a sostener a alguna gente muy valiosa en el
seno de la misma.
Miércoles: Saldos de la reunión
con el titular del EDECOM para tratar temas de dominio público vinculado con el
área Tránsito (remoción de un responsable, desaparición de una moto en el
depósito, presunto uso de un vehículo secuestrado). El área necesita un
cambio muy profundo y la voluntad política para producirlo. La Escuela de
Inspectores es imprescindible, lo mismo que un estatuto del personal de EDECOM
diferente al del resto del personal del municipio. No se puede
seguir considerando al Ente como una especie de lugar de castigo y de desecho
del personal municipal. Lo hicieron cuando se privatizó el servicio de
recolección de residuos en los 90 y ahora que quedó gente dando vueltas sin
trabajo en GAMSUR. No tiene sentido. Uno comprende a Artero cuando plantea la
necesidad de capacitar específicamente a los preventores que (de golpe y
porrazo) les encajó el oficialismo para dar una mano en el control del
estacionamiento frente a las escuelas. No era gente destinada, en principio, a esa
tarea. Igual, ya que están (bancados por la Nación, hay que decirlo) bienvenidos.
Pero, capacitarlos es fundamental. Ejercerán, aunque sea mínimamente, el poder
de policía municipal. No es poco.
Jueves: Sesionamos en la Escuela
Normal. Un orgullo de los riocuartenses. Quien más, quien menos, todos tenemos
alguna relación con ese establecimiento educativo. Sesión tranquila, con
algunos matices emocionantes. También, con algunas anécdotas para “El Chasqui”
de “Puntal”. Una ex maestra pidió un aplauso para “un intendente como Claudio
Miranda”, el presidente del Concejo que acababa de distinguirla por su
trayectoria. Sobre el final, una insólita intervención de un
concejal (ex menemista, ex delosatista, hoy juecista-radical) me obliga a
responder. Amparándose en datos de “Clarín” (de quien, si no) habla
de la “caída en la calidad de la educación” en los últimos años. Evidentemente,
el colega se equivoca o de fuentes de información o de pastillas: tanto en la
provincia (no veo por qué negarlo) como particularmente en la Nación, el cambio
en la valoración del sistema educativo ha sido sustancial. Aquí, en
los últimos doce años se inauguraron más de 150 escuelas. Un dato importante,
si se tiene en cuenta que el último gobierno provincial del bloque al cual
responde el susodicho se dedicó a cerrar escuelas rurales y a perseguir con la
policía a los maestros que reclamaban. En el orden nacional, sólo basta decir
que el presupuesto educativo es hoy uno de los más altos de América Latina, que
hay un 25 % más de Universidades Nacionales, que el 70% de los alumnos de estas
nuevas casas de altos estudios provienen de hogares que nunca antes habían
podido enviar a uno de sus miembros a la Universidad, que los propios
salarios docentes han mejorado sustancialmente, etc., etc.
Si se
quiere ver la mitad del vaso medio vacío (es cierto que semejante inversión
todavía no se ha visto reflejada en una mejora de la calidad educativa, es
cierto que los docentes siguen siendo el sector peor pago de toda
administración pública, es cierto que los padres no han vuelto a cooperar con
los maestros sino que siguen siendo muchas veces una amenaza para estos, etc.,
etc.), que se vea, pero (al menos) que lo haga quien forma parte de un proyecto
superador, no de un proyecto que reivindica las épocas en las cuales se
destruyó la educación pública.
Viernes: “El Megáfono” señala que un
Juez Federal ha decidido amparar a la empresa telefónica que posee
una antena en Gobernador Guzmán al 2300. La Municipalidad había ordenado
desmontarla, tras una denuncia presentada ante el Concejo Deliberante por la
compañera Paola Acosta. Es curioso, el juez utiliza los mismos argumentos
(vinculados al “derecho a la comunicación”) que utilizó para pedir que no se
desmonte la antena de TDA. Pero ni el tipo de ondas que generan unas
y otras ni sus presuntos antecedentes coinciden. Las normas municipales
respecto de las antenas de telefonía móvil son taxativas: deben emplazarse
fuera de la zona urbana. Y las que están funcionando, deben ser trasladadas. De
las antenas para emitir señales de televisión, sólo un delirante, obsecuente e
impresentable funcionario cordobés ha dicho que pueden afectar la salud humana.
Si respetáramos el aberrante DNU de De la Soja sobre “la libertad de
expresión”, su propio responsable de Medio Ambiente debería ir preso. De las
radiaciones electromagnéticas que emiten las antenas de telefonía móvil se dice
que pueden afectar gravemente a la salud de todos los seres vivos. La evidencia
la dan los hechos: son decenas de miles las personas que han enfermado (y
muchas, muerto) a consecuencia de ellas. En la zona de la antena de la calle
Gobernador Guzmán se han detectado en los últimos tiempos 31 casos fatales de
cáncer. No parece ser un dato como para pasar por alto, aun cuando nos
refugiemos en que “no hay pruebas científicas” de que esos casos se vinculen
con la antena. Encima, en la práctica, las resoluciones judiciales
han tenido un efecto contrario: la antena de la TDA sigue clausurada. La antena
de la Telefónica, sigue funcionando. Igual creo que el fallo del
juez Ochoa (al prohibir modificar el statu quo de la torre y de las antenas que
sostiene) abre una alternativa legal al municipio que espero podamos comenzar a
charlar mañana mismo en el Concejo.
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