Hablo a título personal. Me
encontré con un jefe comunal con los pies sobre la tierra, consciente de que no
son tiempos de andar diciendo como Luis
XV “après moi, le déluge”.
En realidad, el diluvio ya nos
alcanzó y casi borra a la ciudad del mapa. Y lo que hemos encontrado en estos
dos meses es un Ejecutivo con respuestas escasas ante las mínimas demandas de
la gente (que se reparen las calles de tierra, que se retiren los árboles
volteados por el viento, que, en fin, Río Cuarto vuelva a ser una ciudad digna
de ser vivida).
Hoy el intendente pareció poner
los pies sobre la tierra. Y, aunque no podamos asegurar que este cambio sea
definitivo, pudimos dia-logar (es decir, expresar de distintas maneras los
temas conflictivos). Temas tratados: cocheras subterráneas, transporte (marco
regulatorio, tarifas, recorridos, estado del servicio), y, en menor medida, Código
de Espectáculos Públicos. En lo personal, al final Jure me dio una grata
(aunque tardía, para mi gusto) sorpresa.
En principio, le planteamos que nuestra postura sobre la cochera subterránea es inmodificable en las actuales circunstancias. Imaginar al Concejo Deliberante (con la ciudad hecha pelota) debatiendo sobre como “dejar más linda” la Plaza Olmos y cómo asegurar a un privado un negocio millonario por 35 años nos resulta no sólo un despropósito sino también una tontería para el propio oficialismo. Jure reconoció que el camino seguido el año pasado para obtener los votos que le faltaban para llevar adelante la licitación de la obra y la concesión de la misma no fue el adecuado. Confió (confiaron) en que bastaba con decir que el anterior bloque de UPC había acordado un proyecto similar. Pues, le quedó claro, nosotros representamos un pensamiento distinto y también una realidad política distinta. En las últimas elecciones perdimos por 3 puntos, no por 17. Y esto se expresa en el número de bancas y en el poder de negociación que tenemos.
Eso no se
entendió a tiempo: y la actitud de algunos concejales oficialistas –prepotente,
autoritaria, hasta rayana en lo burlesco- impidió cualquier avance en la
discusión técnica (si está bien que pongamos una cochera subterránea allí),
económica (si se puede otorgar un plazo de hasta 35 años de concesión),
arquitectónica (si la obra no afectará en nada al Palacio Municipal), y hasta
la vinculada a detalles no menores de la propia obra (si la plaza no debería
contar con baños públicos, teniendo en cuenta que se la piensa hiperutilizar para
eventos públicos de convocatoria masiva) y si la cochera no debería contar con
ascensores. Es decir, ni caprichos ni tonterías. El intendente lo entendió así
y el proyecto volverá al recinto para ser nuevamente tratado en sesiones
ordinarias y cuando las circunstancias sean más adecuadas. El intendente sabrá
cuando se llega a ese momento.
AUMENTO DEL BOLETO
¿Hasta dónde podemos discutir el
tema del precio del boleto urbano? Cossar y los demás concejales oficialistas
de Córdoba capital marcaron los límites. El radicalismo y sus socios están
dispuestos a vulnerar hasta la más elemental norma jurídica (por ejemplo,
aprobar un pedido de licencia de un concejal titular antes de hacer jurar a su
suplente). Aquí la cuestión no cambia: por razones que podemos presuponer pero
no probar, el oficialismo está dispuesto a defender el statu quo y “la
rentabilidad” de la empresa. Uno imagina que el aumento oscilará entre un 20 y
un 25 % (es inimaginable que llegue al 50%, al menos en lo inmediato, como pide
la empresa antes de “negociar”) y, eventualmente, quedará margen para un
“retoque” si “los números siguen subiendo”.
Ahora bien, si le diéramos
entidad al estudio que el propio Concejo encargó a profesionales de la UTN,
tendríamos que a septiembre de 2013 el costo del pasaje común debería ser $
4,35 para una prestación administrativa “promedio”. El propio estudio revela
que hay superposición de recorridos, faltas de frecuencias en otros, lugares a
los que no se llega y un descuido notable en el aseo de los vehículos (algo que
antes no sucedía, según todos reconocemos).
Es decir, la empresa tenía y
tiene margen para ser mucho más eficiente con los recursos que posee. No los administra
mal, pero podría hacerlo mejor. Si lo hiciera, el boleto en septiembre podría
haber valido $ 3,75 y la empresa habría cumplido con todos sus compromisos, incluido
el de obtener un lucro.
Pero, en vez de mejorar el
servicio y responder a las demandas de optimizar el servicio, la empresa hizo
la más fácil. Pidió un aumento del 30%. Hasta allí el “juego” era previsible.
Pero la última presentación, que implica
llevar el boleto a $ 6, es no sólo inadmisible sino repudiable. En un contexto
de inestabilidad económica, una pretensión de ese tipo implica arrojar nafta a
la hoguera. La empresa tiene que entender que cumple con un servicio público,
que por sobre ella está, entonces, el interés público, y que reaccionar como si
se tratara de una multinacional o la Mesa de Enlace a las que les importa tres
pitos el bienestar general, es lisa y llanamente una actitud salvajemente
especuladora. Prácticamente ninguno de los insumos de la empresa puede haber
subido un 50% en los últimos meses. Tratar de ejercer presión pública para que
se les conceda un “generoso” aumento es, insisto, una barbaridad.
Demás está decir que el oficialismo
impulsará algún tipo de incremento al
boleto de transporte urbano. Pero
algunos ediles del oficialismo (que
todavía conservan algo de sentido común) saben que no pueden generar ese
aumento sin ofrecerle a la comunidad que participó de muchísimas instancias de
diálogo en el 2013, al menos una recompensa. Ellos piensan que llevar algunas
líneas a lugares a los que hoy no llegan o aumentar algunas frecuencias puede
ser suficiente. A nosotros nos parece maquillaje. Entonces insisten con tratar
también en extraordinarias el marco regulatorio del transporte urbano: un muy
controversial proyecto que, al menos, busca garantizar cuatro aspectos de la
cuestión:
1) No llamar a concurso para la
concesión del servicio; 2) La permanencia de la empresa mientras “cumpla” con
el servicio –el marco no plantea fecha de vencimiento-; 3) El monopolio de la
prestación; y 4) La reinstauración de la “fórmula polinómica” para sacar del
Concejo y del debate público el precio del boleto. Es decir, todo igual, pero “regulados”. Demás
está decir que en esas condiciones no sólo no acompañaremos la iniciativa, sino
que seremos sus principales opositores.
CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
El Código
de Espectáculos Públicos está listo para ser tratado en el recinto. Al
intendente le dijimos que cualquier cosa que suceda hasta su aprobación será
exclusiva responsabilidad de los concejales oficialistas que no quieren que se
trate, por razones que no entendemos o preferimos no entender. Jure también
estuvo de acuerdo, más cuando le dimos algunos detalles del mismo y,
particularmente, cuando asumimos el compromiso de que si algo no funciona como
esperamos (siempre y cuando no sea producto de la inoperancia del propio
Ejecutivo, como sucedió con el actual) estamos dispuestos a cambiar los
artículos que correspondan. No somos
dueños de la verdad y lo cierto es que muchas veces uno espera que algo
funcione de una manera y ello no sucede. ¿Se tratará en extraordinarias? Lo
sabe sólo el bloque oficialista.
DOS SORPRESAS
Dije que el intendente me dio una
tardía sorpresa, pero en realidad me brindó dos. Por un lado, dijo no tener
problemas en convocar a una reforma de la Carta Orgánica Municipal. Sé que en el
PJ hay voces mayoritarias que impulsan la iniciativa. A mí, no me parece el
momento más adecuado. La verdad, los motivos por las que debería reformarse
nuestra Constitución local son, en general, de naturaleza estrictamente
funcional y pocos de ellos pueden interesarle a la gente común como para que
avale el gasto que implica una elección de convencionales (aunque estos
trabajen gratis como lo hicimos quienes fuimos honrados con el voto popular en
1995 para sancionar la Carta Orgánica).
Lo más urgente es la necesidad de
redefinir quienes ejercerán la labor de la justicia electoral, ya que el propio
Tribunal Superior de Justicia ha instado a la Ciudad a que saque de allí a los
jueces provinciales. Tema que puede, tranquilamente, solucionarse por enmienda.
La forma de elección del Defensor
del Pueblo es, sí, un tema que puede generar algún debate, pero también podría
resolverse vía enmienda. La posibilidad de ampliar el número de concejales o
establecer candidatos por circuitos electorales es un tema más de fondo, pero
en las actuales circunstancias convocar a la reforma de la Carta Orgánica por
este tema se traduciría en centrar el debate una vez más en los intereses de
los políticos y no los de la gente. Igual, dejo en claro que aceptaré la
posición mayoritaria que adopte mi bloque, más allá de no creer oportuno este proceso.
Por último, Jure me comentó que
había firmado la autorización “para el terreno de la antena”. Primero, no
entendí bien a qué se refería. Luego comprendí: había dado el visto bueno a la
instalación de la antena de la TDA en la planta de EPEC. El hecho estimula la
pretensión legal de conseguir la
habilitación de la antena pues descarta por completo la cuestión ambiental como
causa de su clausura. Pero muestra que el gobierno nacional dejó flancos sin cubrir cuando se instaló allí y
que tampoco el municipio se mostró muy interesado en meterse en el medio de un
conflicto entre Nación y Provincia.
Al respecto, sigo insistiendo: lo
ideal es una negociación política con la provincia. Reabiertos algunos canales
de convivencia, este puede ser el tema siguiente. Después de todo, tampoco a la
provincia le conviene perder un juicio por 20 millones de pesos mínimo, lo que
se demandó por daños y perjuicios causados por la decisión de rescindir
unilateralmente el contrato.
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